UNA DE DESREGULACIÓN

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© Fernando Garrido, 16, VIII, 2026

¿Existe la esperanza liberal en las democracias liberales? Es una pregunta de veras angustiosa y frustrante, porque según discurre la historia de Occidente la respuesta es más un no que un quizás.

El motivo, no el único pero el más patente, es la ausencia de partidos liberales. Algo desde luego insólito en sistemas democráticos que se fundaron sobre la idea de libertad en el sentido más amplio y posible. Pero la práctica totalidad de los discursos políticos actuales pivotan en los magmas socialistas; por tanto, caminan sobre el intervencionismo económico y las tutelas sociales, morales y culturales en cada ámbito.

Mucho se ha aireado y más aún denostado el eslogan «prioridad nacional» como un jaque a los derechos y libertades que impone la llamada extrema derecha o derecha extrema, ultra y fascista.

No lo veo así, pues esa prioridad puede ser tan extremadamente socialista como escasamente liberal, dependiendo del qué se priorice o nacionalice; siendo un concepto formal y, por tanto, vacío, donde cabe cualquier supuesto, sea el que sea, considerado como prioritario para quienes ostentando el poder así lo decidan.

Sin embargo, más desapercibido ha pasado el concepto «desregulación». Este sí, muy concreto y liberal, porque apunta en una determinada dirección nada equívoca.

Así pues, de entre todas las verborreas y conceptismos perversos que se han ventilado durante el curso político entorno al contenido de los nuevos pactos autonómicos, existe esa novedosa, inaudita y feliz expresión, que sin duda es o será la de mayor calado para desintoxicar la administración de la hipertrofia normativa y deshacer las marañas burocráticas que han ido tejiendo los socialismos, a derechas e izquierdas, durante el último medio siglo, y donde se ve atrapada la auténtica democracia liberal.

El urgente y necesario concepto político de «desregulación» fue escuchado el pasado mes de abril en Mérida, dentro de los acuerdos de gobierno e investidura entre Vox y Partido Popular. Luego ha sido plasmado en cascada en las sucesivas alianzas. De hecho y bajo ese precepto ya operan las cuatro vicepresidencias estrenadas por Vox en cada región: Óscar Fernández en Extremadura, como vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Servicios sociales; de igual modo que Carlos Pollán y Alejandro Nolasco lo son, respectivamente, en la Junta castellano leonesa y en la de Aragón; además de Manuel Gavira en la andaluza, como vicepresidente segundo a cargo de las áreas de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación.

Esperemos que de ese modo, partiendo del ámbito regional, penetre hacia los otros escalafones administrativos: el nacional y el local. Siendo este último, el de los ayuntamientos, en el que no se han sentido apenas avances desregulatorios allá donde han existido o existen alianzas de investidura o gobierno entre PP y Vox. Es una oportunidad perdida y una lástima que los ciudadanos no hayamos podido experimentar, a lo largo de los tres últimos años, en nuestra realidad más cercana ese cambio. Pues los infiernos normativos e intervencionistas han continuado siendo prácticamente los mismos en cuanto a vivienda, urbanismo, licencias, movilidad, etcétera, etcétera.

Tanto, que bien podría decirse de dichas alianzas que han sido conservadoras en el sentido de preservar casi intacta la monstruosa herencia burocrático kafkiana de anteriores legislaturas, adheridas, por diestra o siniestra, al iliberal e insoportable ensañamiento burocrático y fiscal en cada orden.

Ahora, en apenas menos de un año, alcaldes y ediles, deberán de someterse al beneplácito de sus conciudadanos. Es por ello que les queda la oportunidad de afrontar esta curva final para, sino lo hubiesen hecho, acometer la desregulación efectiva —aunque sea a última hora—, para presentarse con algo demolido ante un electorado que sospecha, decepcionado —con toda razón—, que quienes vinieron a desenladrillar se quedaron pasmados en palabras, contemplando los muros intactos desde un cómodo sillón.