AMOR EN EFECTIVO

© Fernando Garrido, 16, X, 2022

Entre tanta noticia de índole económica que nos anuncia la inevitable recesión y las correspondientes medidas para acrecentarla, me he fijado en una que puede pasar desapercibida o ser considerada como acertada y deseable.

Se trata de que el Banco de España está instando a las entidades financieras para que apliquen un régimen gratuito de cuentas bancarias para personas en “situación de vulnerabilidad” o en “riesgo de exclusión financiera”.

La cosa viene de lejos pues obedece a una directiva de la Unión Europea (2014/92/UE), que promueve el derecho de acceso general de toda persona a una cuenta de pago básica, estableciendo que los Estados miembros puedan requerir a las entidades de crédito que apliquen condiciones ventajosas para los ciudadanos vulnerables y que facilite su inclusión social en el mercado de productos financieros de la UE.

El gobierno de España atendiendo a dicha directiva promulgó en su día un Real Decreto (164/2019), en el que se establecían medidas al respecto, que ahora quieren que pongan en marcha las entidades bancarias a fin de aliviar la “exclusión financiera” que hoy padecen muchos individuos y familias vulnerables.

Aparte del neo-lenguaje cursi e insoportable, pretenciosamente científico que evita a toda costa decir pobres -porque en buena medida son culpables de ellos - a pocos les parecerá que esto tenga mayor alcance que el de ayudar a la población depauperada, en considerable aumento en toda Europa, facilitando la apertura de una cuenta bancaria a gratuidad.

Pero, más allá de la burla que supone ofrecer una cuenta a quienes poco o nada tienen que meter en ella, esto tiene un trasfondo perverso que forma parte del proceso para abolir el uso de dinero efectivo en un escenario quizás no muy lejano.

Un dinero contante y sonante progresivamente demonizado por estos Estados Minotauro, insaciablemente devoradores, que no pueden engullirlo con un click desde sus ministerios burocráticos de expoliación; salvo el mordisco que le dan invariablemente -sea al plástico o al efectivo- con el impuesto sobre el valor añadido y algunas otras dentelladas menos evidentes.

El extender la gratuidad universal de una cuenta bancaria a la que esté asociada una tarjeta de crédito o débito, es un requisito necesario -y casi suficiente- para posterior e inmediatamente legislar su obligatoriedad para todo individuo mayor o incluso menor de edad.

Cuando eso suceda cada cual tendrá su cuenta, pero no su dinero, que pasará a engrosar el tesoro “público” disponible para el poder y a su entera disposición.

La supresión del dinero en efectivo supone que mediante el sistema de pago electrónico cada cual llevará un inspector de hacienda en su bolsillo que, incentivado con premios salariales, estará encantadísimo de buscar la menor falta que, total, no será difícil en el enjambre normativo que padecemos precisamente para emboscar y asaltar al contribuyente.

Tendremos quizás a un ministro de consumo neocomunista interviniendo el software de las terminales punto de venta de tiendas y mercados, donde no nos permitirá pagar ni comprar con esa tarjeta determinada cantidad de carne, huevos o leche según la última prescripción de un gurú alimentario, climático o de género; tampoco comprarles a nuestros hijos una gominola azucarada, ni según que juguete por ser sexista, facha o belicista. Tampoco viajar donde a uno le apetezca, en virtud de los acuerdos del Ministerio de Exteriores. Y el Ministerio de Cultura lo penalizará, restringiendo su derecho como espectador a ir al cine o teatro, si acumula demasiadas películas extranjeras o de temática inconveniente, para así proteger el cine sobre la guerra civil contada por rojos, o las producciones con perspectiva de genero

Así su dinero de plástico que tantas comodidades parecía representar, será en realidad una cartilla de racionamiento universal donde estará establecido el que puede usted hacer y que no en función del llamado "interés general" y la "justicia social".

En relación a esto quizás nos suene la reciente tramitación de la “Ley de Seguridad Nacional” que es otro instrumento eficaz para requisar y expropiar cualquier tipo de bienes.

El “interés general” será aquel que ellos arbitrariamente decidan cual sea en cada caso o coyuntura.

Y la “justicia social violenta e injusta” como dijo recientemente J. Milei en “Viva 22”, es una engañifa del “zurderío” administrada por un tribunal fantasma paralelo o por encima de la Ley, adelantando por la izquierda, según las necesidades políticas perentorias del poder, justificándose, eso sí, en el amor al pueblo llano desfavorecido que ellos mismos producen.

Obeso error ver en esto una exageración paranoica, porque es precisamente el vehículo para colarnos esa lluvia fina de medidas aparentemente bienintencionadas que, posteriormente, desbordan ampliamente la bondad y gratuidad para meternos dócilmente, con tarjeta en boca, en un corralito de presidio.

La gratuidad y previsible obligación universal de “inclusión financiera” significará que toda la riqueza estará en manos de unos cuantos que decidirán por el ciudadano cuánto, cuándo y en qué cosa puede gastar. Avisados estamos. Tiremos el plástico al contenedor correspondiente y practiquemos el amor afectivo al efectivo.