Puede escuchar este artículo haciendo clic abajo

© Fernando Garrido, 7, IX, 2025

No es legítimo ni debería ser legal pagar impuestos cuando, en términos generales, exceden de un 20%. Algo que sucede en la Unión Europea y particularmente en España. Y es falso que el nuestro sea un sistema proporcional donde los ricos, sean países, regiones o personas, pagan más, porque no es cierto ni en términos absolutos ni relativos. El sistema actual es sostenido mayormente sobre la base del expolio a los territorios menos agraciados y sobre las rentas medias y bajas.

Por eso, tampoco es verdad que pagar impuestos sea bueno y es aún más falso que lo devuelvan o retornen de otro modo, sino con una importantísima merma. Pues el Estado se ha convertido en el gran comisionista de ese fácil negocio arancelario que arroja pingües plusvalías que se pierden entre las brumas normativas. Una industria vende humos monopolística redistributiva, proyectada para el lucro y despilfarro de las élites asociadas al poder.

Un Estado insaciable e irresponsable cuya cuenta de resultados, a pesar de la tremenda presión fiscal que sufrimos (por encima de un 60 o 70 %), es escandalosamente negativa. La deuda pública alcanza niveles astronómicos. Cifras imposibles de amortizar siquiera a través de varias generaciones. Esta es la gran cuestión y estafa piramidal que se esconde bajo las proclamas demagógicas del llamado “estado del bienestar”, que en realidad cuesta mucho más del doble de lo que vale y devuelve, porque la mayor parte del capital recaudado (requisado) se pierde en ese viaje que separa a la hacienda pública del ciudadano.

Una travesía oceánica, burocrática, durante la cual los fondos son intervenidos o saqueados por entes e instituciones corsarias de distinto nivel que se nutren a sí mismas y a sus miembros, constituidos en clases improductivas participadas, creadas y fomentadas por el gobierno, a fin de sostener suficientes nichos de dependencia que garanticen y consoliden un poder perpetuo y omnímodo en un sistema perverso y clientelista, virtualmente democrático.

Esos nichos de dependencia no son exactamente esa parte necesaria de la población a quienes la propaganda gubernamental o regimental denomina vulnerables, en que se justifica y dice proteger, sino toda una red orgánica que parasita la gestión redistributiva de esa riqueza ajena intervenida, tributaria, que teóricamente es puesta al servicio de la creación de valor para el interés general y la gestión o resolución de problemas públicos.

Pero lo cierto es que el motor que impulsa a la industria corsaria estatal no es la solución de problemas, sino la creación de ellos, cuantos más mejor, porque cada uno invariablemente justifica una respuesta que se adjudica a otro nicho, institución o ente parasitario e improductivo. Cuáles son estos, pues miremos a nuestro alrededor y veremos una larga lista que va desde los medios de comunicación, la cultura, la ciencia, organizaciones gubernamentales y oenegés, asociaciones dispares, sociedades mercantiles, etcétera, por supuesto todas proclives al discurso oficial del régimen.

Esos entes están asociados a cualquier operación, actividad, objeto, bien mueble o inmueble, donde se diagnostica una determinada carencia, crisis o problemática inducida, artificial, más inventada que real, cuya inalcanzable, imperfecta e imposible resolución requiere un mordisco burocrático legislativo o mordida lucrativa (lícita o ilícita), para satisfacer las necesidades de uno o varios de esos actores citados, mediante una hipertrofia normativa que supone y acaba siempre por adherir a la sociedad civil otra nueva carga lapa fiscal o inflacionaria.

Un ejemplo, entre tantos, es el problema de la vivienda, sin duda provocado como otros tantos incendios. Resulta que el precio de un piso, desde que se adquiere el suelo hasta que se construye, se ve gravado con un 45% en concepto de impuestos, permisos y demás trámites burocráticos que actúan sobre el precio real del inmueble. Una suma a la que, lógicamente, habrá de aplicarse el margen de beneficio del promotor que, ante esos gravámenes y trabas administrativas, no es extraño que se lo piense mucho antes de arriesgar. Pero además, sobre la venta también habrá otra serie de aranceles y gastos que pagará el vendedor tanto como el comprador. Así pues, díganme de quién es y depende realmente el negocio de la vivienda. Pues, claro está, precisamente de quien crea el problema y al tiempo legisla, lucrándose en el no resolverlo.

Por eso, en tal statu quo, no es verdad que los impuestos sean lícitos y es aún más falso que nos lo devuelvan de otra forma, sino sólo una pequeñísima parte. La que queda tras pasar el espeso cedazo de las instituciones corsarias. Y digo bien, pues el corsario es el pirata, el ladrón amparado, miembro o cooperador de un gobierno delincuente de un Estado totalitario, no democrático, por cuanto no existe de facto división de poderes, e iliberal porque cierra los espacios a la libertad y por tanto a la propiedad privada e individual, sea esta física, material, moral o mental.

Ante esto sólo cabe la resistencia de la sociedad civil, ejerciendo las acciones a su alcance para provocar el colapso del sistema corsario parasitario. Una de ellas, la primera, sería la retirada generalizada en efectivo de las cuentas bancarias, para inmediatamente después anunciar una huelga general o insumisión fiscal. Contra esto, siendo una acción masiva y generalizada, no podrían, ni tendrían capacidad de actuar, y significaría, sin duda, el triunfo de una revolución que comenzara a transformar y revertir el actual sistema represor en una auténtica democracia liberal. Es necesario, vital y urgente actuar ya.