SINDICATOS DEL ODIO

© Fernando Garrido, 15, X. 2024

Tenía entendido que un sindicato era una asociación de trabajadores para defender intereses laborales.

Pero resulta que no sería así. Pues al parecer existe un sindicato de inquilinos, yo diría una plataforma de la inquina, que se auto denomina de ese modo y nos da a entender que está promovido por los de siempre, o sea, el conglomerado de siglas matrioska de ultraizquierda en cuya última instancia se encuentra alojado el filo comunismo antisistema.

Por eso el gobierno no ha tardado en sumarse, nunca mejor expresado, a las reivindicaciones y protestas sobre un problema del cual es el solemne culpable. Pues de las tropecientas mil viviendas prometidas por SNCHZ, desde que llegó a la presidencia del gobierno, ha incumplido, como viene siendo habitual, el 90% de lo dicho.

Y no sólo eso porque gracias a sus proclamas demagógicas, anuncios e hipertrofia normativa ha empeorado el mercado del alquiler y nueva construcción.

En España al parecer faltan al menos 700.000 viviendas que no se construyen, de lo cual el gobierno es responsable a causa de sus políticas erráticas y contraproducentes, aunque el discurso gubernamental se funde sistemáticamente en echar siempre la culpa a los demás.

Por eso secundan con avidez a ese falso “sindicato” que señala a los propietarios calificándolos de especuladores a quienes, literalmente dicen, se ha de odiar: “Ama tu barrio, odia al especulador".

He ahí el verdadero y peligroso discurso de odio hacia un  enemigo que en realidad es el pequeño propietario, pues en España el 92% del mercado de alquiler está sustentado por ellos.

Y no queda ahí. Por añadidura promueven una "huelga de alquileres", es decir, no pagar las rentas. Lo cual hace sospechar que ese “sindicalismo” de la inquina se asemeja más bien a un “sindicato del crimen”, instando al delito porque, según aducen falazmente, la Constitución Española (art. 47) les otorgaría el derecho a usurpar o confiscar viviendas, es decir, a ocuparlas o no pagar el alquiler pactado.

Así, el derecho a una vivienda digna, torticeramente entendido, derogaría el derecho a poseer y disfrutar la propiedad privada, (art. 33), y, por tanto, suprimiría la libertad, que es uno de los pilares democráticos y principios mencionados en el texto magno unas 16 veces.

Lo peor del asunto es que podría ser verosímil que eso suceda porque, tras medio siglo en vigor, los exegetas togados del taller de chapa y pintura (léase Tribunal Constitucional et alt.) ya nos van anunciando que los principios de libertad, igualdad, solidaridad…, son opinables según las perentorias necesidades del “Number One”, de sus socios, compañeros, esposa, empresarios íntimos y demás familiares.